DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio de las Américas

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martes, junio 27, 2006

Cree EEUU actúa por presiones de multinacionales



Las presiones de último momento que están haciendo los Estados Unidos para introducir cambios en lo acordado en el DR-CAFTA, por presiones de sus empresas multinacionales, no se hubieran producido si los legisladores se hubieran acogido al informe final rendido en noviembre del 2005 por la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas de la Cámara Alta, presidida por el senador de Salcedo Alejandro Santos.

La afirmación la hace José Alejandro Ayuso, Contratado en el 2005 por el Congreso Nacional, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Consultor Enlace de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado para brindar asistencia técnica a los legisladores en el proceso de evaluación del impacto del CAFTA-DR en la economía dominicana, y en la ponderación de los retos y de las oportunidades que acarrea un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y los países de Centroamérica.

Ayuso deplora que los funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) respondan a los intereses de poderosas corporaciones estadounidenses y sus influyentes lobbistas que están haciendo exigencias no contempladas en el acuerdo y pretenden reabrir aspectos ya negociados del CAFTA-RD, en franca violación a lo acordado en el texto del acuerdo, tal y como denunció el influyente empresario Gustavo Cisneros.

Explica que sobre la diferencia en los sistemas jurídicos de ambos países, la delegación del USTR no puede desconocer que en el ordenamiento legal dominicano los tratados internacionales se convierten en ley interna y, al momento de su aplicación, conservan la primacía sobre la legislación adjetiva local, al existir modificaciones legislativas y nuevas leyes cuyo contenido ya que acordado y está en la letra del tratado, bajo argumentos inconsistentes en el sentido de “ajustarnos mejor al espíritu del CAFTA-RD” o de lograr una mayor seguridad jurídica.

Explica que sobre el proceso participativo que se siguió para elaborar el informe final señalado, surgió una corriente, respaldada por 33 de las principales asociaciones empresariales del país, sobre la necesidad de adecuación fiscal y cambios institucionales tendentes a elevar la competitividad del país y la de la producción nacional, para lo cual se identificaron propuestas legislativas consensuadas con los diferentes sectores productivos nacionales.

El sector agrícola y agroindustrial propuso un programa de apoyo financiero directo al productor criollo (PROAGRO), como un esfuerzo para nivelar con su competencia estadounidense que otorga subsidios millonarios a sus productores locales.

Señala que también bajo la sombrilla de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, presidida por el destacado empresario Don José Manuel Armenteros, las más representativas asociaciones que agrupan empresas que se acogen a la Ley de Protección a los Agentes Importadores de Mercadería Extranjera (la conocida Ley 173), también presentaron a la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado un anteprotyecto de ley para consolidar uno de los pocos y más importantes logros alcanzados en la negociación del acuerdo, que se conservara la vigencia de la ley para los contratos de representación acordados antes de la entrada en vigencia del CAFTA-DR.

Sin embargo, precisa que los negociadores estadounidenses ahora se han percatado que lo negociado en este aspecto no satisface las apetencias de las grandes corporaciones que quieren vender sus productos de manera directa en el mercado local, sin necesidad de asociarse con un empresa nativa, y ahora pretenden modificar lo que dice el Tratado: “La RD no aplicará la ley a ningún contrato cubierto firmado después de la entrada en vigor de este Tratado, a menos que éste explícitamente disponga la aplicación de la Ley 173...”.

“Dentro de este paquete de medidas legislativas que debió ser conocido y aprobado para entrar en vigencia simultáneamente al CAFTA-RD, otro de estos proyectos de ley tiene como objetivo preservar la posición competitiva de la industria farmacéutica nacional para mejorar su capacidad exportable y garantizar el acceso de la población a medicamentos a precios asequibles”, agrega.

Señala sobre este tema de la propiedad industrial, en específico el de las patentes farmacéuticas y los registros sanitarios, los negociadores del USTR pretenden ahora rectificar en el plano bilateral un tema ya negociado (más bien impuesto por ellos mismos) y asentado en el texto del Tratado.

“Es un decreto presidencial que prescribe que “la autoridad sanitaria nacional no exigirá información considerada no divulgada, secreta o confidencial” para autorizar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos, que es el aspecto que ahora el USTR quiere revertir para favorecer los intereses de las poderosas empresas farmacéuticas multinacionales y sus influyentes cabildeos en Washington, en desmedro de la industria farmacéutica nacional y de la salud pública de los dominicanos”, explica.

Considera que el Congreso Nacional está en la obligación de, cuanto antes, abocarse a convertir en ley todos los proyectos presentados y consensuados por el empresariado local, no sólo para preservar las pocas conquistas que pudimos lograr en las negociaciones de este acuerdo de libre comercio, sino además para aportar cierta capacidad competitiva a muchas industrias nacionales con potencial para tener un buen desempeño en este esquema de libre comercio.


Fuente: Periodico Hoy

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